Denuncias

El Pacto de Chicoral, firmado en 1972, simboliza el proceso de la contrarreforma agraria en Colombia y representa, ante todo, una declaración de guerra de los terratenientes y latifundistas contra el campesinado. Este acuerdo consolidó un modelo agrario excluyente e injusto que perdura hasta nuestros días.

Promovido durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero, el Pacto de Chicoral surgió como una respuesta de clase a las reformas impulsadas por el movimiento agrario en la década de 1960, las cuales buscaban modernizar el campo y reducir la concentración de la tierra. Sin embargo, lejos de promover la justicia social, este pacto reforzó el latifundio, limitó el acceso a la tierra para los campesinos y perpetuó las desigualdades históricas en el campo colombiano.

En lugar de avanzar hacia un modelo más equitativo, el Pacto de Chicoral priorizó los intereses de las élites rurales, dejando a los campesinos, indígenas y afrodescendientes en una situación de marginalidad y pobreza. Este modelo agrario excluyente no solo profundizó las brechas sociales, sino que también contribuyó al surgimiento y fortalecimiento de los conflictos armados en Colombia, generando un terreno fértil para el descontento social y la violencia en el campo.

En este contexto, es necesario resignificar políticamente el Pacto de Chicoral desde una perspectiva que priorice los intereses de los sectores populares. Resignificarlo implica trabajar hacia un modelo agrario que garantice el acceso equitativo a la tierra, promueva el desarrollo rural integral y reconozca los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Esto no solo es una deuda histórica con quienes han sido excluidos, sino también una condición necesaria para construir una sociedad más justa y equitativa.

Simón Bolívar, en su visión de justicia social, ya había advertido sobre la importancia de la tierra como base para la libertad y la prosperidad de los pueblos. En su discurso ante el Congreso de Angostura en 1819, afirmó: «El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política». Estas palabras resuenan con fuerza en el contexto de la reforma agraria y el Pacto de Chicoral, ya que un sistema que concentra la tierra en pocas manos y excluye a las mayorías es incompatible con la construcción de una sociedad justa y estable.

Hoy, más de cincuenta años después del Pacto de Chicoral, Colombia enfrenta el desafío de transformar su modelo agrario para superar las desigualdades históricas y construir una paz duradera. El Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 con las FARC-EP incluyó la Reforma Rural Integral como uno de sus pilares centrales, reconociendo que la justicia social en el campo es fundamental para la reconciliación nacional. Sin embargo, la implementación de este acuerdo ha sido lenta y enfrenta múltiples obstáculos, incluyendo la resistencia de sectores que se benefician del statu quo y la persistencia de la violencia en las zonas rurales.

El punto 8 de la plataforma de la Marcha Patriótica, titulado «Reforma Agraria Integral para la paz, la autonomía y la soberanía alimentaria», propugna por un cambio no solo en las relaciones de producción, sino también en las relaciones de propiedad, con el fin de materializar la justicia social y ambiental en el campo. La Marcha Patriótica concibe un nuevo Pacto de Chicoral como un acuerdo entre los sectores populares agrarios y el gobierno nacional para superar la Ley 160 de 1994 mediante una nueva ley de reforma agraria. Lo entiende, además, como un pacto para implementar el Acuerdo Final de Paz y como una acción política que garantice que la reforma agraria sea una política de Estado, trascendiendo al gobierno de Petro y convirtiéndose en una aspiración de toda la sociedad colombiana. No podría ser de otra forma si nuestro objetivo es la Segunda y Definitiva Independencia.

La Coordinación Social y Política Marcha Patriótica saluda y acompaña la SESION HUMANITARIA del próximo 4 de febrero de 2025 en el municipio del TARRA en la región del Catatumbo.

Expresamos toda nuestra solidaridad con las comunidades campesinas, indígenas y sectores populares que continúan resistiendo la violencia y exigiendo soluciones dialogadas a los conflictos armados internos de la región y el país. Nos sumamos a la demanda de implementación plena del Acuerdo Final de Paz y a la solicitud unitaria de varias organizaciones sociales por el Acuerdo Humanitario del Catatumbo y sus siete mínimos humanitarios, la protección de las personas lideres sociales, defensoras de derechos humanos y firmantes de paz, y los planes de acción inmediatos.

Ante la profundización de la grave crisis humanitaria que enfrenta el Catatumbo, y otros departamentos como el Meta, Guaviare, Putumayo, Cauca, Nariño, Córdoba, Antioquia y Bolívar, por el incremento de las vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, sin que a la fecha haya acciones efectivas para resolver la crisis y brindar garantías a la población.

Exigimos a todos los grupos armados al margen de la ley y al Estado Colombiano el respeto absoluto a la vida, libertad, integridad y la dignidad de la población, los liderazgos sociales, de los defensores de derechos humanos y firmantes de paz, el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y el cese inmediato de las hostilidades contra la población civil.

Al Gobierno Nacional, le demandamos la adopción de medidas urgentes para garantizar la permanencia de las comunidades en sus territorios, la protección del derecho a la tierra, la implementación del Acuerdo Final de Paz y de procesos efectivos de retorno para las víctimas del desplazamiento forzado. A la comunidad internacional, le instamos a mantener su compromiso de acompañamiento y verificación de los hechos, así como la visibilización de esta trágica realidad.

Hacemos un llamado a abrazar solidariamente al Catatumbo y a la acción colectiva. La paz en el Catatumbo no puede seguir siendo una promesa vacía ni un discurso sin impacto real. Es urgente que el Estado asuma su responsabilidad, no solo en términos de seguridad, sino en la garantía plena de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades. Solo a través del reconocimiento de sus voces, sus luchas y sus legítimas demandas por dignidad y justicia social, será posible construir una paz estable y duradera.

¡Marcha Patriótica en defensa de la paz y la vida!

#AbracemosAlCatatumbo

#CatatumboTambienEsColombia

Febrero 4 de 2025.